El gobierno nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, modificó recientemente la Constitución del país para despojar de la ciudadanía nicaragüense a quienes adquieran otra nacionalidad. Esta reforma, anunciada el 16 de mayo de 2025, modifica el Artículo 20 para establecer que la adquisición de una nacionalidad extranjera "implica la pérdida de la nacionalidad nicaragüense", revirtiendo así una disposición de 1990 que permitía la doble nacionalidad para los nicaragüenses. Ortega y Murillo justificaron el cambio como una medida para garantizar la lealtad, argumentando que jurar lealtad a un estado extranjero rompe el "vínculo jurídico y moral" con Nicaragua.
Esta medida se basa en acciones anteriores, como el decreto de 2023 que desnacionalizó a 317 ciudadanos calificados de "traidores" y la reforma constitucional de enero de 2025 que formalizó la desnacionalización de quienes se consideran desleales. Los críticos, incluido el abogado exiliado Juan Diego Barberena, argumentan que esto viola el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, ya que corre el riesgo de dejar a las personas apátridas, especialmente a aquellas que ya han sido privadas de su ciudadanía por motivos políticos. La ONU y los organismos regionales de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que la reforma profundiza el declive autoritario de Nicaragua al erosionar aún más las libertades civiles y atacar a los disidentes, muchos de los cuales se encuentran en el exilio.
La reforma se alinea con la estrategia más amplia del régimen para consolidar el poder, tras una reforma constitucional de febrero de 2025 que eliminó los controles institucionales, extendió los mandatos presidenciales y formalizó el papel de Murillo como "copresidente". Más de 450 nicaragüenses, entre ellos periodistas, activistas y figuras religiosas, han sido desnacionalizados desde 2023, y sus propiedades a menudo han sido confiscadas. Esta política ha generado condena internacional, pero pocas acciones concretas, a medida que Nicaragua se aísla cada vez más, retirándose del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2025.