En Honduras, aunque las estrategias nacionales de seguridad han mostrado ciertos avances en la reducción general de homicidios (como el Estado de Excepción Parcial implementado desde diciembre de 2022 y renovado varias veces), estas medidas no han sido efectivas para frenar específicamente la violencia contra las mujeres. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), ha señalado que las políticas actuales carecen de un enfoque diferenciado que aborde la violencia de género de manera integral. A pesar de esto, existen algunas iniciativas en curso y propuestas que buscan enfrentar esta problemática:
Línea de Emergencia 114 y 911: Se ha fortalecido el uso de líneas de denuncia como el 114, específicamente para casos de violencia contra las mujeres, junto con el Sistema Nacional de Emergencias 911, que registra miles de denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar. Sin embargo, la respuesta a estas denuncias sigue siendo limitada debido a la falta de investigación y judicialización efectiva.
Programa Ciudad Mujer: Este programa, impulsado por el gobierno, busca ofrecer atención integral a las mujeres, incluyendo servicios de salud, apoyo psicológico y asesoría legal. Ayestas y otras autoridades han mencionado la socialización de estrategias piloto dentro de este programa para atender la violencia de género, aunque su alcance aún es insuficiente para la magnitud del problema.
Propuesta de la Ley de Alerta Morada: Organizaciones feministas, como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), han impulsado esta ley para responder a la crisis de desapariciones de mujeres y niñas, un fenómeno vinculado a los femicidios. La propuesta incluye un enfoque de género en la búsqueda de desaparecidas y busca mejorar la capacidad institucional para dar respuestas rápidas, algo que actualmente es deficiente.
Demanda de políticas de prevención: Ayestas ha enfatizado la necesidad de programas que no solo castiguen a los agresores, sino que trabajen en la raíz cultural de la violencia. Esto incluye educación desde el hogar y las escuelas para deconstruir la cultura de sometimiento que afecta a niñas y mujeres, promoviendo el respeto y la igualdad de género.
Fortalecimiento institucional: Organizaciones de la sociedad civil y expertas como Ayestas han pedido la creación de más juzgados especializados en violencia de género, capacitación del personal judicial y policial, y unidades específicas para investigar femicidios. La impunidad, que afecta al 95% de los casos, sigue siendo un obstáculo crítico que perpetúa la violencia.
A pesar de estas iniciativas, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir las cifras alarmantes. El aumento de femicidios en el primer trimestre de 2025 (59 casos frente a 54 en el mismo período de 2024, según el OV-UNAH) demuestra que las estrategias no están logrando el impacto necesario. Ayestas y otras voces críticas coinciden en que se requiere una revisión profunda de las políticas públicas, con un enfoque en la prevención, la investigación científica de los crímenes y la reducción de la impunidad.
