Las elecciones primarias de marzo estuvieron marcadas por problemas logísticos. Los materiales electorales llegaron varias horas tarde a los centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes del país. Algunas personas tuvieron que votar durante la noche o a la mañana siguiente, y en dos centros la votación tuvo que repetirse la semana siguiente.
Ello causó un enfrentamiento público entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debilitó la credibilidad de la institución. El órgano, responsable de organizar los comicios, quedó paralizado. Uno de sus integrantes, Marlon Ochoa, dejó de asistir a las sesiones plenarias, mientras que otra consejera, Ana Paola Hall, intentó renunciar alegando amenazas contra ella y su familia.
Esta parálisis institucional retrasó la adjudicación del contrato para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que señala resultados provisorios tras el cierre de las urnas. El plazo original establecido por la ley electoral venció en julio. No fue hasta el 5 de agosto que el CNE llegó a un acuerdo unánime sobre los términos para el sistema, y el 7 de agosto el Congreso prorrogó el plazo para adjudicar el contrato hasta el 30 de este mes.
Parte de estos problemas son el resultado de serias deficiencias estructurales en la conformación del CNE. Luego de las disputadas elecciones de 2017, los principales partidos políticos del país —Liberal, Nacional y Libre, actualmente en el poder— acordaron repartirse el control del consejo, designando un miembro cada uno. Observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea han señalado que, si bien esta estructura refleja las principales fuerzas políticas del país, socava su independencia y dificulta su funcionamiento técnico.
Las preocupaciones por la persecución penal de miembros del consejo y de líderes opositores han agravado la situación. A finales de julio, el fiscal general, Johel Zelaya, anunció una investigación contra los tres miembros del CNE por “traición a la patria”, “abuso de autoridad” y otros delitos. Zelaya afirmó que existía una “conspiración contra las elecciones” que él no iba a “permitir”.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, del partido Libre, solicitó al Ministerio Público investigar presuntas coacciones y amenazas contra miembros del consejo por parte de integrantes de los partidos Liberal y Nacional. Observadores de la OEA han alertado sobre el riesgo de una “excesiva intervención judicial” que pueda afectar el desarrollo del proceso electoral en Honduras.
Estos hechos recientes se suman a preocupaciones ya existentes sobre si las elecciones serán justas. Persisten denuncias de financiamiento ilícito de campañas, en particular sobre vínculos con narcotráfico.
La violencia política también representa una grave amenaza. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las elecciones de 2021 registraron altos niveles de violencia, incluyendo 32 homicidios. A pocos meses de las elecciones de 2025, ya se han registrado al menos cuatro asesinatos de candidatos a alcaldías. Analistas advierten que departamentos como Cortés, Olancho, Yoro y Francisco Morazán, donde confluyen altos niveles de violencia y elecciones competitivas, son especialmente vulnerables.
La comunidad internacional debería tomar medidas robustas para salvaguardar el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas. La OEA, que ya ha expresado preocupación por las elecciones, puede desempeñar un papel clave al mediar entre los partidos políticos, ofrecer asistencia técnica para la organización electoral y desplegar una misión de observación que contribuya a su transparencia. Los Estados miembros de la OEA deben apoyar activamente estos esfuerzos.
La Unión Europea también ha expresado su interés en enviar una misión de observación. La experiencia de las elecciones en Guatemala en 2023 y en otros países de la región demuestra que la presencia conjunta de misiones de la OEA y de la UE puede contribuir a proteger los procesos electorales y a fortalecer el trabajo de cada misión. El Centro Carter, invitado por el Gobierno para observar las elecciones, también podría desempeñar un rol importante. Además, funcionarios de la ONU en Honduras y el cuerpo diplomático acreditado deberían considerar si pueden facilitar el diálogo entre partidos políticos, con el fin de prevenir nuevos conflictos y garantizar un proceso electoral justo.
Los gobiernos y líderes extranjeros deben apoyar la voluntad del pueblo hondureño, no a sus aliados o candidatos preferidos. Los hondureños tienen derecho a decidir quién gobierna su país, y la comunidad internacional debe velar porque cada voto cuente y cada voz sea escuchada.