Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), criticó la decisión del gobierno hondureño de usar fondos públicos para compensar a los afectados por la estafa de Koriun Inversiones. En un mensaje publicado en su cuenta de X el 16 de mayo de 2025, Castellanos afirmó: “Pagar ‘estafas privadas’ con dinero público no es solo inmoral, también sería un delito”. Añadió que esta medida, impulsada por el gobierno de Xiomara Castro, podría agravar la corrupción al asumir con populismo un desfalco privado, calificándolo como una acción que “haría más grande la pirámide de corrupción gubernamental”.
Koriun Inversiones, una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), operaba un esquema Ponzi, captando dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, afectando a más de 35,000 personas. El gobierno, a través de un proyecto de ley anunciado por Marcio Sierra de la CNBS, busca aprobar fondos públicos para resarcir a las víctimas, lo que ha generado controversia. Castellanos y otros actores, como la legisladora Maribel Espinoza, han cuestionado la legalidad y transparencia de esta medida, señalando la falta de claridad sobre los responsables y posibles vínculos con figuras influyentes