Cómo Trump está desafiando los límites del poder presidencial

 El presidente Trump firmando órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el lunes por la noche. (Doug Mills/The New York Times)

El presidente Trump firmando órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el lunes por la noche. (Doug Mills/The New York Times)

Con un torrente de órdenes ejecutivas, el mandatario estadounidense volvió a generar cuestionamientos sobre el uso excesivo del poder presidencial y preparó el terreno para nuevas disputas legales.

Después de que el presidente Donald Trump dejara la Casa Blanca en 2021, aquellos que criticaban su uso disruptivo del poder ejecutivo imploraron al Congreso que reforzara los límites legales sobre cuándo los presidentes pueden remodelar unilateralmente el gobierno estadounidense de un plumazo. Pero los legisladores, en su mayoría, no actuaron.

El lunes, cuando Trump tomó posesión del cargo para iniciar su segundo mandato, reafirmó una visión enérgica del poder presidencial. No solo revivió algunas de las mismas interpretaciones amplias de la autoridad ejecutiva que quedaron sin abordar, sino que fue aún más lejos con nuevas pretensiones de poder constitucional amplio e inherente.

Entre una tormenta de órdenes ejecutivas, Trump ordenó a los fiscales que no aplicaran una ley que prohíbe la popular aplicación de medios sociales TikTok hasta que su propietario chino la venda. El presidente Joe Biden había promulgado la ley tras su aprobación con un amplio apoyo bipartidista, y la Corte Suprema la ratificó por unanimidad.

Sean cuales sean los méritos de la ley, la Constitución dice que los presidentes “velarán por la fiel ejecución de las leyes”. Trump no ofreció ninguna explicación clara de cómo él tiene algún poder legítimo para suspender la ley y se limitó a hacer una vaga mención de su “responsabilidad constitucional” en materia de seguridad nacional, política exterior “y otras funciones ejecutivas vitales”.

Las acciones unilaterales, como las declaraciones de emergencia y las órdenes ejecutivas, no pueden crear nuevos poderes legales para un presidente. Por el contrario; son un vehículo mediante el cual los presidentes ejercen una autoridad legal que ya tienen, ya sea porque la Constitución se la ha conferido a su cargo o porque el Congreso aprobó una ley que la crea.

Dicho esto, a menudo se producen disputas sobre la interpretación adecuada del alcance y los límites del poder ejecutivo. No es raro que un presidente utilice una orden ejecutiva para tomar alguna medida cuya legitimidad jurídica se cuestiona, lo que da lugar a luchas judiciales que acaban llegando a la Corte Suprema.

No está claro si alguien que se oponga a la suspensión de la ley TikTok esté legitimado para presentar una demanda. Sin embargo, muchas de las medidas de Trump tenían que ver con la ley de inmigración, por lo que es muy probable que se produzcan impugnaciones judiciales y que la legitimidad de sus pretensiones de poder ejecutivo llegue ante los jueces.

En varias órdenes, Trump invocó su papel constitucional como comandante en jefe del Ejército, presentando a los inmigrantes como invasores y difuminando la línea entre la aplicación de la ley de inmigración y los poderes de guerra.

“Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer”, dijo en su discurso de investidura.

Entre esas órdenes, Trumpdeclaró que los inmigrantes recién llegados no podrán acogerse ala ley que les permite solicitar asilo. Como fundamento, dijo que la Constitución le otorgaba “poderes inherentes” para “impedir la entrada física de extranjeros involucrados en una invasión a Estados Unidos”, además de citar algunas disposiciones vagas de las leyes de inmigración.

Otra de esas órdenes indicaba al Comando Norte de EE. UU., que supervisa las operaciones militares en América del Norte continental, que elaborara rápidamente un plan para una “campaña” de cierre de la frontera “repeliendo formas de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el tráfico de narcóticos, el contrabando y la trata de personas y otras actividades delictivas”.

Trump y sus asesores han hablado de invocar la Ley de Insurrección para utilizar soldados como agentes de inmigración adicionales en la frontera. Pero la orden se refería solo a su poder constitucional como comandante en jefe, lo que plantea la posibilidad de que esté previendo utilizar soldados para una operación militar y no para actuar como agentes de la ley.

Algunas de las órdenes constituyen un retorno a las discusiones sobre el poder ejecutivo que surgieron durante el primer mandato de Trump.

El lunes, Trump retomó una medida de 2019 al declarar una emergencia nacional en la frontera. También invocó un estatuto que permite a los presidentes, durante una emergencia, redirigir fondos militares para proyectos de construcción relacionados con la urgencia. Su propósito, tanto en 2019 como ahora, era gastar más dinero de los contribuyentes que el autorizado por los legisladores en un proyecto de muro fronterizo.

¿Existe realmente una emergencia que se podría abordar con la ampliación del muro fronterizo y que justificaría eludir el papel del Congreso a la hora de decidir dónde destinar el dinero de los contribuyentes?

Un muro no aborda el principal problema fronterizo de los últimos años: el abrumador número de inmigrantes que solicitan asilo, inundando el sistema y provocando largos retrasos en las audiencias. Además, en los últimos siete meses los cruces ilegales han descendido a los niveles más bajos desde el verano de 2020, durante la fase inicial de la pandemia de COVID-19.

Pero los hechos importan poco a la hora de determinar si es legal o no que los presidentes invoquen el poder de emergencia, declaraciones que se rigen por la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.

Esa ley no define con precisión las circunstancias en las que los presidentes pueden determinar que existe una emergencia, lo que les deja una discreción esencialmente ilimitada para liberar poderes urgentes para sí mismos. Pero los presidentes anteriores se adhirieron a las normas de autocontrol.

En su primer mandato, los críticos cuestionaron la legitimidad legal del gasto de Trump en el muro fronterizo, pero la Corte Suprema nunca resolvió la disputa antes de que Biden asumiera el cargo y cancelara los proyectos. Por lo tanto, cualquier nuevo desafío legal tendría que empezar desde cero.

Tras el primer mandato de Trump, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron en 2021 un proyecto de ley que habría reforzado los límites al uso presidencial de los poderes de emergencia, como parte de un paquete de reformas que denominaron “Ley de Protección de Nuestra Democracia”. Pero los republicanos se opusieron a la medida por considerarla un ataque partidista contra un presidente que de todos modos ya no estaba en el cargo, por lo que quedó muerta al llegar al Senado.

Sin embargo, la ausencia de Trump de la presidencia resultó ser temporal.

En la demostración de fuerza que hizo al volver al cargo, también declaró una emergencia energética nacional. Así, como dijo en su discurso de investidura, “vamos a perforar, a perforar con todo”. Ningún presidente había declarado antes ese tipo de emergencia, que le da la facultad de suspender las protecciones legales del medio ambiente y acelerar los permisos para nuevos proyectos de petróleo y gas.

La situación energética de Estados Unidos difícilmente parece una emergencia: el país está produciendo más petróleo que ningún otro país, en gran parte debido al auge de la fracturación hidráulica y a los miles de nuevos permisos de perforación en terrenos federales concedidos por el gobierno de Biden, que superan el récord del primer mandato de Trump. Los precios de la gasolina, el gas natural y la electricidad son relativamente bajos en comparación con sus niveles históricos.

Pero la orden decía que Trump había determinado que las políticas del gobierno de Biden habían “conducido a nuestra nación a una emergencia nacional, en la que un suministro energético precariamente inadecuado e intermitente, y una red cada vez menos confiable, requieren una acción rápida y decisiva”. También citó la creciente necesidad de electricidad para hacer funcionar servidores informáticos destinados a proyectos de inteligencia artificial.

Elizabeth Goitein, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, quien ha escrito ampliamente sobre el poder de emergencia presidencial, predijo que muchas de las acciones planeadas por Trump serían impugnadas ante los tribunales.

“Los poderes de emergencia nunca deben utilizarse para abordar problemas de larga duración, como la inmigración ilegal, que pueden y deben abordarse mediante la legislación”, dijo Goitein, quien fue una de las personas que pidieron al Congreso que frenara el poder presidencial. “La mala noticia es que el Congreso no aprobó reformas de la Ley de Emergencias Nacionales que habrían ayudado a evitar tales abusos”.

No se discute que Trump tenía autoridad legítima para tomar otras medidas unilaterales. La Constitución otorga claramente a los presidentes una autoridad sin restricciones para conceder indultos a personas por delitos penales federales o conmutar sus penas, por ejemplo, de modo que no hay duda de que Trump sí tenía poder para conceder clemencia a las casi 1600 personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio.

No obstante, Trump pareció plantear interpretaciones novedosas o expansivas de las autoridades legales de otras maneras.

Ordenó que su gobierno formulara recomendaciones sobre la conveniencia de designar a determinadas bandas transnacionales y cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, ampliando una ley destinada a grupos que utilizan la violencia con fines geopolíticos e ideológicos a grupos delictivos que, aunque también son violentos, están motivados por el lucro.

También puso en marcha la posibilidad de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar rápidamente a inmigrantes sospechosos de pertenecer a cárteles de la droga y bandas criminales transnacionales sin celebrar audiencias con todas las garantías procesales. El texto de esa ley parece exigir un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero, por lo que no está claro si los tribunales permitirán a Trump invocarla para denegar audiencias de deportación a personas.

Trump también pretende cambiar la interpretación básica de una disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución que concede la ciudadanía a la mayoría de los bebés nacidos en suelo estadounidense y “sujetos a la jurisdicción” del gobierno de Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha entendido que esa disposición incluye a los bebés nacidos de padres indocumentados.

En una orden, Trump invocó una teoría desarrollada por los conservadores que quieren restringir la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento porque la consideran un imán para la inmigración ilegal. Según ese razonamiento, podría interpretarse que la disposición no se aplica a los bebés cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, aunque los visitantes o indocumentados estén sujetos a la jurisdicción de los fiscales del gobierno si infringen la ley.

Trump dio instrucciones a las agencias para que se abstuvieran de expedir documentos que confirmen la ciudadanía —como pasaportes y tarjetas de Seguridad Social— a los bebés nacidos de inmigrantes indocumentados o de padres que estén de visita legal pero temporal en Estados Unidos, a partir de los nacimientos que se produzcan dentro de 30 días.

Horas después, los críticos, incluida una coalición de estados controlados por los demócratas, presentaron múltiples recursos judiciales contra la medida. Trump, afirmaba la coalición, pretendía quebrantar “este principio constitucional bien establecido y de larga data por decreto ejecutivo”.

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