Infierno en el CECOT: 40 venezolanos relatan torturas sistemáticas en la megaprisión de El Salvador, según informe de Human Rights Watch
San Salvador, 12 de noviembre de 2025 – Durante meses, decenas de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos vivieron un calvario de golpizas, abusos sexuales y presiones psicológicas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la controvertida cárcel de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele. Así lo denuncia un informe explosivo publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal, basado en testimonios de 40 de los 252 venezolanos enviados allí entre marzo y abril de este año por orden del gobierno de Donald Trump.
Los exdetenidos describen un patrón sistemático de torturas físicas, sexuales y psicológicas que viola estándares internacionales como la Convención contra la Tortura y las Reglas Mandela de la ONU. "Han llegado al infierno", les gritaban los guardias al ingresar, según los relatos recopilados. El documento, titulado “You Have Arrived in Hell”: Torture and Other Abuses Against Venezuelans in El Salvador’s Mega-Prison, revela no solo el horror cotidiano en el CECOT, sino también la complicidad de Washington en estas violaciones al ignorar riesgos conocidos y desafiar órdenes judiciales.
Un traslado controvertido: De la frontera estadounidense al "infierno" salvadoreño
La pesadilla comenzó el 15 de marzo de 2025, cuando tres vuelos procedentes de Estados Unidos aterrizaron en San Salvador con 238 venezolanos a bordo. Otros 14 fueron enviados en vuelos posteriores los días 30 de marzo y 12 de abril. Estos hombres, muchos de ellos solicitantes de asilo que huían de la crisis humanitaria en Venezuela –persecución política, pobreza extrema y escasez–, fueron acusados por la administración Trump de vínculos con pandillas como Tren de Aragua o MS-13, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de la era de las guerras mundiales.
El acuerdo bilateral, fraguado en secreto entre Trump y Bukele, incluyó un pago de 4.76 millones de dólares por parte de EE.UU. para que El Salvador los detuviera en el CECOT, una fortaleza de hormigón y acero diseñada para albergar a 40.000 pandilleros y que se ha convertido en símbolo de la "guerra contra las maras" de Bukele. Sin embargo, datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revelan que al menos el 48.8% de los deportados no tenía condenas penales en EE.UU., y muchos carecían de lazos con pandillas. Al menos 71 de 76 casos revisados por HRW no presentaban antecedentes.
El traslado ignoró advertencias judiciales. Un juez federal en Texas, James Boasberg, había ordenado detener las deportaciones el 15 de marzo, pero el gobierno de Trump las ejecutó de todos modos, argumentando "emergencia nacional". Familiares fueron privados de información: los nombres de los deportados fueron borrados del localizador del ICE, configurando lo que HRW califica como "desapariciones forzadas".
Tras su llegada, los venezolanos fueron encapuchados, esposados y trasladados directamente al CECOT sin proceso judicial ni acceso a abogados. Permanecieron incomunicados por hasta cuatro meses en el Módulo 8, un pabellón de 32 celdas con hasta 80 personas por celda, hacinados en literas sin colchones.
Testimonios de horror: Palizas, abusos y el borde del suicidio
Los 40 entrevistados por HRW y Cristosal –liberados el 18 de julio de 2025 en un controvertido intercambio de prisioneros con Venezuela, que incluyó la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos– describen un régimen de terror. "Los guardias nos decían: 'Aquí solo salen muertos'", relata uno de ellos, bajo anonimato para proteger su identidad.
Tortura física: Las golpizas eran diarias, especialmente en "la isla", un área de castigo con celdas minúsculas de 2.5x4 metros. Gonzalo Y., de 35 años, fue golpeado con bastones en el cuello al llegar y de nuevo en un bus, donde los guardias usaron culatas de rifles para derribarlos. Daniel B. sufrió hemorragias nasales tras una paliza en "la isla", asfixiándose con su propia sangre. Luis S. perdió un diente por un golpe en la boca, y Javier L. desmayó cubierto de sangre. Durante protestas por comida o atención médica, guardias dispararon balas de goma, dejando cicatrices permanentes en Mateo R. y Carlos J.
Castigos colectivos eran norma: si uno hablaba, toda la celda era apaleada con botas y bastones. Guillermo T. fue esposado y golpeado en el estómago y costillas, obligado a arrodillarse sobre las esposas durante seis horas. Felipe C., de 25 años, fue arrastrado y pateado por "reírse", y encerrado sin luz ni agua en su cumpleaños.
Violencia sexual: Al menos tres casos documentados involucran abusos por guardias encapuchados. Mario J. fue forzado a practicar sexo oral tras una golpiza, mientras los verdugos "jugaban con bastones en su cuerpo". Leonel H. sufrió acoso por una modificación genital, obligado a desnudarse repetidamente. Nicolás J. denunció tocamientos y comentarios obscenos durante las palizas. HRW advierte que el estigma subreporta estos crímenes.
Presión psicológica: Amenazas de muerte, humillaciones (rapados forzados, desnudez) y aislamiento llevaron a cuatro exdetenidos al borde del suicidio. Nelson F. pensó en quitarse la vida por depresión; Flavio T. oyó que sus familias los daban por muertos. "El terror era constante", dice Julián G.
Las condiciones agravaban el sufrimiento: celdas sin ventilación ni luz natural, con iluminación artificial 24/7 y calor asfixiante. El agua era infestado de gusanos, los baños hedían a orina, y la comida –tortillas crudas, frijoles y jugo repetitivo– se comía con las manos en porciones mínimas. No había atención médica: 31 ignoraron solicitudes, y enfermedades preexistentes quedaron sin tratamiento. Sin recreación ni contacto familiar, el encierro era total.
Repatriación y demandas de justicia
El 18 de julio, los 252 venezolanos fueron repatriados a Caracas en un vuelo humanitario, a cambio de la liberación de presos estadounidenses y opositores venezolanos. Algunos, como José Manuel Ramos Bastidas, habían pasado por entrevistas de miedo creíble para asilo en EE.UU., pero sus casos fueron cerrados arbitrariamente. Al menos una docena de demandas contra el gobierno de Trump buscan reabrir procesos de asilo y compensaciones millonarias, alegando violaciones al principio de no devolución (non-refoulement).
HRW y Cristosal urgen a EE.UU. revocar la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros, detener transferencias a terceros países y condicionar ayuda a El Salvador a reformas penitenciarias. A San Salvador, exigen investigaciones independientes, fin al aislamiento y acceso a monitores como la Cruz Roja.
Reacciones: Silencio oficial y eco en redes
Ni el gobierno de Bukele ni la administración Trump han respondido directamente al informe, pese a cartas enviadas en septiembre. El Salvador negó inicialmente retener a los venezolanos, alegando que solo "facilitaba" la custodia de EE.UU. Bukele, que ha defendido el CECOT como "éxito" contra la violencia, negó abusos en julio ante un caso similar. En Venezuela, la fiscalía abrió una investigación contra Bukele por tortura.
En redes sociales, el informe genera indignación. Usuarios como @dw_espanol y @bbcmundo comparten testimonios, con miles de interacciones: "Esta es la barbarie de Bukele", tuitea un activista. Periodistas como Melissa Sánchez de ProPublica destacan: "El terror empezó inmediatamente: puños, botas y balas de goma".
Este escándalo expone las grietas en las políticas antimigratorias de Trump y el modelo carcelario de Bukele, cuestionando si la "mano dura" justifica el horror humano. Mientras los sobrevivientes reconstruyen sus vidas en Venezuela, la comunidad internacional exige accountability: ¿quién pagará por el infierno vivido?